A comienzos del siglo XVII reinaba, en España, Felipe III, hijo de Felipe II. Tras las numerosas guerras habidas durante el transcurso del siglo anterior, se conjuró la paz con Inglaterra en 1604 y las Provincias Unidas 1609. Esto permitió recuperarse y defender el Mediterráneo frente al imperio otomano. No obstante, el pacifismo no estuvo acompañado de una coyuntura económica favorable. En los inicios del Barroco comenzó una recesión económica que afectaría a los distintos territorios de la Monarquía hispánica. Esta situación no se dio tanto en los moriscos, que disfrutaban de relativos ingresos, en plena crisis, debido a su tendencia al ahorro y al ejercicio de profesiones prósperas. Ello acabaría generando un importante resentimiento en la sociedad, contra la población morisca, alentado por el hecho de que mantuvieran todavía viejas costumbres islámicas, a pesar del Edicto de Granada de 1567, decretado por Felipe II.
Los moriscos seguían viviendo apartados del resto de la población. Mantenían su lengua, costumbres, sus vestidos y su forma de vida basada en la ley islámica. En Valencia y Aragón eran un grupo numeroso, con sus propios líderes políticos y religiosos. Ello no fomentaba la integración. Por este motivo se sospechaba de la lealtad política y moral, pues la práctica del disimulo siguió siendo frecuente en la comunidad morisca. La creencia de que apoyaban a los piratas berberiscos del norte de África y que, a su vez, éstos podían favorecer la penetración de los turcos en el territorio peninsular y conquistar además el Mediterráneo occidental hizo que el duque de Lerma, comenzara a plantear argumentos a favor de la expulsión[1].
Tras la paz con Inglaterra firmada y la imposibilidad de hacer que todas las Provincias Unidas volvieran a la ortodoxia cristiana católica, conseguir que esos moriscos, cristianos nuevos a los que muchos acusaban de practicar el islam, a escondidas, mejoraría la reputación de la monarquía.
En el reino de Valencia había unos 135, 000 moriscos, un 33 % aproximadamente del total de la población. Este porcentaje era visto de forma preocupante por los gobernantes. Hasta aquí un inciso; este problema de alto porcentaje de población morisca en estos territorios se veía agravado por el mayor crecimiento demográfico de la población morisca respecto a la cristiana. En Valencia el crecimiento de los moriscos fue del 69, 7 % entre 1565 y 1609, frente a un 44, 7 % de los cristianos. En Aragón sucedía un problema similar. Este mayor crecimiento despertaba prevención y temor, pues amenazaba el equilibrio de poder entre la comunidad cristiana y la musulmana. El problema residía en la Corona de Aragón, puesto que en Castilla la dispersión era mayor.
El arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, fue uno de los mayores defensores de la expulsión[2]. Argumentó además que la Corona podía verse favorecida si confiscaba los bienes de aquellos y los tomaba como prisioneros para usarlos en las galeras o venderlos como esclavos. Pero la posición radical del arzobispo no era bien vista por todos los miembros del clero. Una parte del mismo fue partidario de favorecer la integración y asimilación cultural de los moriscos al cristianismo. Otros representantes de la sociedad de la época como el jurista Pedro de Valencia defendieron la integración de los moriscos[3].
El duque de Lerma tomó la iniciativa y puso el debate en el Consejo de Estado, el cual tomaría la decisión de expulsar a los moriscos, el 9 de abril de 1609, lo que el monarca refrendó. Se decidió que la expulsión empezara por el reino de Valencia, al considerarse como la región más repleta de moriscos y por su cercanía al litoral accesible desde el norte de África. Así se conseguiría la unidad religiosa y se imponía la decisión real de forma efectiva[4].
Tras la expulsión, el reino de Valencia se despobló y no se recuperó en todo el siglo XVII. Habían desaparecido aldeas moriscas y muchos núcleos cristianos estaban casi en la misma situación. Como la aristocracia terrateniente de Aragón y Valencia se había opuesto a la expulsión, puesto que necesitaban mano de obra barata para que trabajase en sus tierras, el monarca intentó compensarlos otorgándoles las antiguas propiedades moriscas y reduciendo las tasas de interés de las hipotecas. Pero estas medidas no fueron suficientes. Por este motivo, los señores empezaron a exigir rentas altas a los nuevos terratenientes con el fin de poder pagar los intereses de las hipotecas de los suelos, cobrados generalmente por inversores privados y comunidades eclesiásticas. Esta subida de las rentas llevó al alejamiento de posibles pobladores.
Ciertamente, la expulsión supuso unas pérdidas cuantiosas para el Levante peninsular, especialmente. Sin embargo, se comprobó una ventaja; fue una gran operación administrativa. El pragmatismo del duque de Lerma se había impuesto. La burocracia realizó una operación de gran envergadura con un éxito notable. Fue un signo de fuerza y de cómo la política central podía llegar con efectividad a todas las regiones. Incluso a costa de hacer perder poder a la nobleza y a la iglesia regional. La monarquía ganaba terreno en la centralización del poder en detrimento de regiones, nobles e Iglesia.
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Nota de la autora: quiero hacer referencia a la profesora Rosa Mª Alabrús que, a través de sus clases, seminarios y talleres de Historia y Sociedad, en el Grado de Derecho, nos ha transmitido gran preocupación por las cuestiones sociales, políticas y jurídicas, así como por los grandes debates generados, a caballo de la tolerancia e intolerancia, a lo largo de la historia. Fruto de estas polémicas trascendentes he de mencionar también el Seminario impartido por la profesora Constanza Cavallero (Universidad de Buenos Aires, Argentina), sobre la expulsión de los moriscos en 1609, que, invitada por la profesora Alabrús, a través de su proyecto de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pudo transferirnos y generarnos conocimiento sobre ello.
[1] C. Cavallero, “Inquisición, decisión real y expulsión de minoría. El Tribunal de la fe ante el destierro masivo de judíos y moriscos (1492, 1609,-1614)” en Revista de Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos, nº 22, 2018, pp. 105-113
[2] R. Mª Alabrús Iglesias, “San Juan de Ribera y la legitimación de la expulsión de los moriscos” en E. Callado Estela (coord.): El Patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna, Valencia, 2012, pp. 547-554
[3] P. de Valencia, Tratado acerca de los moriscos de España, Edición moderna de Joaquín Gil, Málaga 1997, p. 76
[4] R. Robres Lluch, San Juan de Ribera, Barcelona, 1960, p. 395.